Leo en el Diario de Burgos que un arqueólogo ha denunciado a la Guardia Civil un nuevo expolio llevado a cabo por furtivos expertos con detectores de metales en el yacimiento de Peña Amaya. Se han practicado un centenar de agujeros buscando monedas y otros objetos metálicos, cuyo contexto quedará perdido para siempre.
Durante este mes de agosto hemos conocido muchos otros ejemplos de destrucción y saqueo del patrimonio arqueológico de España: hace un par de semanas Vicente G. Olaya publicaba en El País que "la autovía A-32 destapa un excepcional santuario íbero en Jaén sometido a expolio", y poco después Canal Sur se hacía eco de la destrucción de una fortaleza ibérica en La Viñuela de Almedinilla, en Córdoba, para plantar seis olivos. La lista es interminable, y me enfurece constatar cómo continúa la secular epidemia de destrucción arqueológica que sufrimos.
Pero, al mismo tiempo, leo que científicos del Instituto de Arqueología Íbera de la Universidad de Jaén trabajaron contra reloj y lograron salvar una gran parte del santuario ibérico de la A-32 bautizado como de Haza del Rayo; y que tal vez la denuncia del arqueólogo sirva para proteger mejor el legado de Peña Amaya, y que, tras la denuncia del Ayuntamiento de Almedinilla, el SEPRONA ha abierto diligencias y no debe perderse la esperanza de que el propietario de la finca de olivos tenga que sentarse delante de un juez.
En este corazón del verano en que, en lugar de destrucción y expolio, por toda España tienen también lugar excavaciones arqueológicas y eventos de divulgación y puesta en valor del patrimonio, prefiero quedarme con el trabajo de tantos que, poco a poco, ponen coto a la incuria y la barbarie. Estoy convencido de que cada vez somos más quienes inclinamos la balanza del lado de la conservación de nuestro patrimonio arqueológico, aunque no sea más que alzando la voz para decir "¡Basta!".
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