Todos hemos escuchado estos días la historia del jubilado de Aranda de Moncayo que, a lo largo de dos décadas, se dedicó a expoliar impunemente diversos yacimientos arqueológicos de las provincias de Zaragoza y Soria.
Pasado el primer momento de estupor, uno no puede dejar de congratularse de que exista en España algo como el SEPRONA y la Unidad de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil. Se diría que, en este episodio, eso es lo único que nos diferencia de la más bananera de las repúblicas. En nuestro caso, quiero decir, de las monarquías.
Que yacimientos como Arátikos, Numancia o Termancia puedan ser saqueados sistemáticamente por aficionados es algo difícil de concebir en un país moderno. ¿De verdad no es posible proteger razonablemente algo tan valioso y tan irremplazable? Pero alguien me recordará que también es irremplazable la sanidad o la educación en estos tiempos de crisis y no me quedará sino darle la razón.
Lo que no me cabe en la cabeza es lo siguiente. Algunas de las piezas más valiosas robadas por nuestro jubilado fueron a parar a la colección del magnate alemás Axel Guttman. Cito literalmente del diario El País: Cuando se puso a la venta su enorme colección, el museo de Maguncia denunció que entre los objetos había piezas procedentes de España exportadas ilegalmente. La fiscalía de Múnich las retuvo y solicitó al Gobierno español que reclamara su legítima propiedad en tres meses. No hubo respuesta. En 2009, 2010 y 2012 se volvieron a subastar nuevos lotes. Y se reprodujo la scuencia: denuncia del museo e inacción de las autoridades españolas.
¿Qué se puede decir a esto? Los alemanes intentan reiteradametne devolvernos nuestro patrimonio expoliado y no encuentran a nadie en la ventanilla para hacerse cargo. Alucinante.
Pero confiemos en nuestros representantes públicos. No me cabe duda de que rápidamente se sucederán las iniciativas parlamentarias en el Congreso de la Nación y los parlamentos de Aragón y de Castilla León para poner en claro este asunto. De lo contrario, seríamos un país de broma, de esos que se toman el patrimonio histórico como un lujo para ricos o para aprovechados.
Gracias a la Guardia Civil, y a Uly Martin por la foto, publicada en la edición digital de El País.
"No me cabe duda de que rápidamente se sucederán las iniciativas parlamentarias en el Congreso de la Nación y los parlamentos de Aragón y de Castilla León para poner en claro este asunto"
ResponderEliminarDecididamente estoy convencido que es usted un bloguero bromista en un país de broma.
Diría que, más que por la broma, a veces me dejo llevar por la ironía...
ResponderEliminarEntonces no puedo más que coincidir con su exposición.
ResponderEliminarEspaña necesita una regulación para el uso de detectores de metales. O se prohíben, y se sume a todos los aficionados en la ilegalidad, o se regula con inteligencia, para que sean los propios aficionados los primeros interesados en separar el trigo de la paja, y denunciar a los expoliadores.
Deberíamos impulsar alguna iniciativa reclamando esa regulación. A mí me falta el conocimiento de la materia, pero me presto a colaborar en lo que sea menester.
ResponderEliminarEn cuanto tenga algo de tiempo trataré de realizar una exposición general de la situación para que se pueda valorar y definir en consecuencia algún tipo de solución.
ResponderEliminarEstupendo, quedamos a la espera de ello. Saludos.
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